A comienzos del año, en el círculo rojo de Morena era impensable que fuese posible aprobar una reforma al Poder Judicial como la que estaba impulsando el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y cuya piedra angular es que todos los jueces federales, incluidos los ministros del Supremo, sean elegidos por el voto directo de los ciudadanos. Para lograr ese ambicioso objetivo, el oficialismo requería, obligadamente, obtener un triunfo arrasador en las elecciones de junio. La apuesta era elevadísima: ganar desde las urnas la mayoría calificada en las Cámaras del Congreso para aprobar fácilmente enmiendas a la Constitución. La intención de esa estrategia, llamada Plan C, era simple: que la oposición no representara un obstáculo en el Legislativo. López Obrador hizo una intensa campaña desde la popular conferencia Mañanera a favor de su estrategia. Para sorpresa de la oposición y de los propios morenistas, el oficialismo arrolló y ganó con creces la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y en el Senado se ha quedado a un escaño de lograrlo. Con las cifras en el bolsillo, la aplanadora parlamentaria del oficialismo está por cumplir el objetivo de López Obrador y darle “un regalo” —según palabras del dirigente de Morena, Mario Delgado— antes de que entregue el poder a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre. La enmienda ha avanzado contra viento y marea durante meses, y no ha sido fácil para el partido gobernante vencer todas las resistencias.
Este domingo, en el inicio de la nueva legislatura, la Cámara de Diputados dio publicidad al dictamen de la reforma judicial, lo que marca el inicio del trámite parlamentario de rigor para su aprobación. Este martes, el pleno —donde Morena y sus aliados del PT y PVEM controlan el 73% de las curules— discutirá y votará el dictamen en lo general. El miércoles será el debate en lo particular de las reservas anotadas por los legisladores de oposición. La enmienda podría quedar aprobada ese mismo día o el jueves. Para completar el tránsito legislativo, la Cámara baja enviará el dictamen al Senado, que fungirá como cámara revisora. Es casi un hecho que los senadores ratificarán el proyecto tal cual lo recibirán la próxima semana. El bloque oficialista cuenta con 85 escaños y le falta un solo voto para lograr las dos terceras partes del pleno necesarias para consolidar la reforma constitucional. Cumplido este trámite, la enmienda debe ser avalada por los Congresos de la mayoría de los 32 Estados del país, cosa también factible para el oficialismo, que gobierna en 24 entidades. Finalmente, el Ejecutivo debe promulgar la reforma y publicarla en el Diario Oficial.
Las acciones de protesta contra la reforma han desbordado a una oposición desarmada y se han volcado a las calles. El domingo, cientos de estudiantes de Derecho de varias universidades se manifestaron en el Senado de la República, en un esfuerzo por contraprogramar el último informe de Gobierno que López Obrador rendía en el Zócalo de Ciudad de México ante sus simpatizantes. Días antes, decenas de jueces, magistrados y empleados de los tribunales protestaron en el Ángel de la Independencia. La Suprema Corte de Justicia ha decidido ir a un paro de labores, que se suma al cierre de varios tribunales en los Estados. Además, empleados del Poder Judicial del interior del país se dirigen en caravanas a la capital para manifestarse este martes en la sede de la Cámara baja.
Los actos de resistencia desde la judicatura han ido más allá de la protesta y han caído en la esfera de lo legal. El fin de semana, los jueces Martha Magaña, de Morelos, y Felipe Soto, de Chiapas, emitieron dos resoluciones que buscaban impedir a los legisladores concretar la reforma. Los morenistas consideraron que los jueces se extralimitaron e invadieron las funciones constitucionales de los diputados. Sergio Gutiérrez, vicepresidente de la Cámara baja e integrante de Morena, anunció que los juzgadores que emitieron esas resoluciones serían sometidos a un juicio político y que serían denunciados ante la Fiscalía General. Anteriormente, Gutiérrez ya había promovido denuncias parecidas contra consejeros del Instituto Electoral por emitir votos contrarios al oficialismo. El amago contra los dos jueces causó indignación y señalamientos de persecución política desde el Gobierno.
El diputado Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena, ha salido a apagar el fuego. El legislador ha dicho este lunes que esas denuncias y solicitudes de juicio político serían frenadas. “Creo que ayer [domingo] se iban a presentar, pero, aun cuando se hayan presentado, hay que darles una pausa”, ha señalado. “Creo que en estos momentos la prudencia y la tolerancia ayudan al país”, ha agregado. La Cámara baja ha integrado una comisión especial para recibir y procesar las últimas peticiones de cambios al proyecto de reforma, algo en lo que la oposición advierte una simulación de apertura, pues el dictamen ya está más que planchado. Dicha comisión es encabezada por la senadora Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte.
Ante la inminente aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados, las miradas se posan en el Senado, donde Morena y sus aliados requieren aún de un grano de ayuda de la oposición para ratificar la enmienda. La semana pasada se dio a conocer que los dos senadores que había logrado el PRD, José Sabino Herrera y Araceli Saucedo, fueron a parar a las filas morenistas. La incógnita es si el voto que aún falta —y que es fácilmente obtenible— saldrá del PAN, del PRI o de Movimiento Ciudadano. La coordinadora parlamentaria de los panistas, Guadalupe Murguía, ha pedido unidad al interior de su bancada y también entre las otras formaciones de la oposición. “[Debemos] mantenernos fuertes, unidos, para honrar la confianza que nos dio un 43% de los ciudadanos que no votaron por el oficialismo”, ha pedido.
La reforma judicial ha abierto múltiples frentes, incluso fuera de México. La expectativa de su aprobación ha ejercido enorme presión sobre el peso, pues los inversionistas temen que el Poder Judicial pierda independencia respecto del Ejecutivo. La iniciativa también ha lesionado las relaciones con Estados Unidos, el principal socio comercial de México, y con Canadá. Ambos países norteamericanos han expresado críticas al proyecto, pues, han afirmado, pone en riesgo la democracia y no da certeza a las inversiones. La Asociación de Magistrados y Jueces (JUFED) ha señalado que la reforma incluso viola normas contenidas en el tratado comercial entre los tres países de Norteamérica, el TMEC. La enmienda judicial oficialista ha seguido su curso, pese a todas las advertencias. Este martes comienza a llegar a su meta.