El paro de labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es oficial. En sesión privada, ocho de los 11 ministros del Alto Tribunal votaron a favor de la suspensión de actividades hasta el próximo lunes 9 de septiembre, de acuerdo con un comunicado difundido este martes, en un nuevo episodio de la ola de protestas contra la reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena.
La Suprema Corte dio a conocer que sus salas no sesionarán el miércoles y que tampoco habrá sesión del pleno el próximo jueves, aunque se mantendrán las “guardias necesarias”, explicó la institución. “Se acordó tramitar los asuntos urgentes conforme al criterio de las ministras y de los ministros a los que corresponda proveer en el ámbito de su competencia”, se informó. Será hasta el próximo lunes cuando los ministros determinen los pasos a seguir, si se mantendrá el paro laboral o no, en otra sesión privada.
Tres ministras votaron en contra de la suspensión de labores, todas nombradas durante la Administración de López Obrador: Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres Guadarrama. “Es nuestra responsabilidad constitucional ejercer el cargo de ministras y prestar el servicio público de impartición de justicia”, señalaron en un comunicado conjunto, en el que manifestaron su oposición al paro “de manera enérgica”. Esquivel, Ortiz y Batres argumentaron que sus compañeros no estaban facultados por la ley para decretar el paro y exigieron que sus pares dejen de cobrar su sueldo durante la interrupción de actividades.
Se pronunciaron a favor Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Juan Luis González Alcántara Carrancá; Luis María Aguilar Morales; Jorge Pardo; Ana Margarita Ríos Farjat; Javier Laynez Potisek; Alberto Pérez Dayán, y la presidenta de la Corte, Norma Piña. Laynez Potisek dijo que la reforma judicial “no va a ser exitosa, por decir lo menos” y que pretende “deshacerse de nosotros”, aunque evitó referirse a si se trata de una venganza de López Obrador en una entrevista con RadioFórmula. Piña afirmó a Imagen que los tratados internacionales suscritos por México garantizan el derecho de los trabajadores a manifestarse, aseguró que la propuesta del Ejecutivo pone en riesgo la independencia del Poder Judicial y declaró que la elección de jueces y magistrados por voto popular rompe con el modelo meritocrático que ha primado.
La decisión del pleno de la Corte vino precedida por una votación celebrada el lunes, en la que 951 de 1.072 trabajadores del tribunal se pronunciaron a favor de suspender actividades. Solo 116 empleados votaron en contra y cinco se abstuvieron. Se dio también en medio de un día convulso en el proceso legislativo de la reforma, después de que trabajadores del Poder Judicial bloquearan los accesos de la Cámara de Diputados este martes. Morena y sus aliados, que tienen la mayoría calificada con 364 escaños, suficientes también para que haya quórum, anunciaron que sesionarán en una sede alterna. “Están en su derecho, imagínense, tienen que defender sus privilegios”, dijo López Obrador sobre las manifestaciones.
El paro no tiene precedentes. Las protestas contra la reforma se han apuntalado con movilizaciones estudiantiles de las principales facultades de Derecho del país y la suspensión de labores de más de 1.200 jueces federales, así como manifestaciones en más de una veintena de Estados. El bloque oficialista anunció que busca que la reforma sea aprobada por la Cámara baja antes de que termine esta semana y que reciba luz verde en el Senado antes de la primera mitad de septiembre.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que tomará posesión el próximo 1 de octubre, pidió al grupo parlamentario de Morena que no precipitara la aprobación para evitar que el proceso sea impugnado por la oposición. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que votará en contra del proyecto de ley por considerar que “viola el equilibrio de poderes”. El Partido Acción Nacional (PAN)ha puesto en duda que el cambio de sede, del Palacio Legislativo de San Lázaro al Deportivo de la Magdalena Mixhuca, no se hizo con apego al debido proceso, lo que puede ser la base de una futura impugnación. Movimiento Ciudadano se ha pronunciado a favor de crear una comisión de diálogo con los universitarios que se oponen al proyecto. En el Senado, Morena y sus aliados están a una curul de la mayoría calificada, lo que les permitiría aprobar la reforma sin negociar con los opositores.
Las resistencias contra la reforma también se han reflejado en el terreno diplomático, con críticas abiertas del Gobierno de Estados Unidos a la elección de jueces por voto popular. “Si no se hace bien, puede traer muchísimo daño a la relación [bilateral]”, afirmó el embajador Ken Salazar en una conferencia de prensa. Washington ha moderado el tono de sus cuestionamientos, pero ha mantenido el contenido del mensaje: “Hay muchísimas preocupaciones”. A las puertas de una aprobación prácticamente inminente, los ecos de la reforma judicial siguen retumbando más allá de las paredes del Congreso.