“Mi honor está intacto. Yo no he cometido ningún delito”. Genaro García Luna rompió el silencio por primera vez desde su detención en 2019 y defendió su inocencia en una carta publicada este martes por sus abogados. El secretario de Seguridad del Gobierno de Felipe Calderón aseguró que permanece detenido en “condiciones infrahumanas”, denunció que fue condenado el año pasado a partir de “evidencias falsas” proporcionadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sostuvo que la captura de Ismael El Mayo Zambada pone en evidencia los vínculos entre el narco y esta Administración, así como la controvertida reforma judicial impulsada por el presidente.
El antiguo zar antidrogas acusó también una venganza de las autoridades de Estados Unidos y dijo que su juicio en Nueva York fue una represalia tras negarse a colaborar y convertirse en testigo protegido en ese país a cambio de una pena reducida de seis meses. “Me negué y la respuesta fue explosiva”, escribió el exfuncionario, declarado culpable de narcotráfico, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones.
La carta de cuatro páginas, adelantada por el periodista Keegan Hamilton, aparece tres semanas antes de la audiencia de sentencia contra el exsecretario, prevista para el próximo 9 de octubre en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn. El exfuncionario mexicano de más alto rango en ser juzgado en Estados Unidos se enfrenta a una condena de entre 20 años y cadena perpetua en prisión por colaborar durante más de dos décadas con el Cartel de Sinaloa. “Lo único que fue utilizado en el juicio para acreditar los delitos que me imputaron fue información falsa proporcionada por el Gobierno de México y los dichos de testigos con antecedentes criminales reconocidos”, aseguró García Luna.
El exfuncionario, vapuleado por López Obrador como un ejemplo del contubernio entre el narco y los políticos del “viejo régimen”, devolvió el golpe al presidente y aseguró que quien tiene vínculos con el crimen organizado es el actual mandatario. “Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y Estados Unidos, los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés López Obrador y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias, en particular los testigos que fueron utilizados en mi contra durante el juicio”, aseguró García Luna.
El exsecretario afirma que la última prueba de la colaboración entre el Gobierno de López Obrador y el narcotráfico está en la carta que publicó El Mayo el pasado 10 de agosto, en la que denuncia que fue secuestrado por Los Chapitos y entregado en Estados Unidos, tras ser citado a una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y Héctor Cuén, su principal rival político. Rocha, miembro de Morena, el partido de López Obrador, ha negado haber estado presente y descartado cualquier vínculo con el Cartel de Sinaloa. “[Estos hechos están corroborados] por la posición del Gobierno de México contra la captura del capo y el desmantelamiento del Poder Judicial, cuyos principales beneficiarios son los criminales”, agrega García Luna, que suma la “pausa diplomática” decretada por el presidente mexicano contra Washington, como otra confirmación de la complicidad de esta Administración con los criminales.
García Luna también habló de las condiciones que enfrente en el centro de detención de Brooklyn y denunció “amenazas sistemáticas” en su contra, así como haber presenciado “asesinatos” y “apuñalamientos” en prisión. “Fui segregado casi un año a las celdas de castigo sin haber violado alguna norma o falta al reglamento y sin tener un registro de mal comportamiento”, acusó. “Me asignaron compañeros de celda que me grabaron más de 2.000 horas tratándome de involucrar con el narcotráfico o con algún delito”, agrega. Tras el veredicto de culpabilidad, los fiscales acusaron a García Luna de ofrecer sobornos millonarios a otros reos para convencerlos de declarar a su favor y sus dichos fueron dados por ciertos por el juez Brian Cogan, quien rechazó la petición del acusado de tener un nuevo juicio a principios de agosto.
García Luna dijo que se negó a colaborar con la justicia estadounidense, pese al ofrecimiento también de dinero, porque la intención de las autoridades era dañar a sus contrapartes mexicanas. “La perspectiva era imputar personas e instituciones, lo que en el corto plazo debilitaría el desarrollo, paz pública y vida institucional del país”, aseguró. “He combatido al crimen en sus esferas más altas toda mi carrera profesional”, agregó.
El exfuncionario adelantó que impugnará el fallo y agotará los recursos legales para librarse de la cárcel, “hasta lograr mi libertad”. García Luna insistió en que no se presentó ninguna evidencia física ni documental durante su juicio en febrero del año pasado y defendió que su trayectoria profesional y patrimonio están limpios. “No hay un solo peso o dólar vinculado al narcotráfico”, zanjó. El destino del zar antidrogas acusado de colaborar con el narco está en manos de Cogan, el mismo juez que sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán en 2019 y que tendrá su primera audiencia con El Mayo el próximo 31 de octubre.