Hay un mundo ideal donde el oficialismo aprueba en el Congreso todas sus reformas sin contrapesos y sin que el Poder Judicial pueda echar atrás las modificaciones a la Constitución. Esa es la circunstancia que beneficia hoy al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El presidente va de salida y se prepara para entregar el poder a su sucesora, Claudia Sheinbaum, no sin antes sacar adelante otra de sus enmiendas constitucionales más ambicionadas, después de la judicial. Se trata de la modificación para que la Guardia Nacional (GN) pase al control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El cambio no solo es de nomenclatura. La GN fue creada en 2019 como un cuerpo policiaco de mando civil, conducido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La enmienda implicaría convertirla en otro de los apéndices de la Sedena, a la par del Ejército y la Fuerza Aérea, en lo que las oenegés y parte de la academia advierten, en los hechos, una militarización de la seguridad pública en México.
El oficialismo ya había intentado concretar la transferencia del cuerpo policiaco al Ejército, pero en 2023 la Suprema Corte anuló la reforma, a raíz de una acción de inconstitucionalidad promovida por la oposición. Desde entonces a la fecha han cambiado radicalmente las cosas en términos políticos. El partido de López Obrador ha conquistado con creces la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y ha tejido acuerdos políticos para alcanzarla en el Senado. La oposición se ha quedado sin margen de maniobra para impugnar cambios a la Constitución. Los ministros del Supremo cuentan los meses que les quedan antes de ser removidos del cargo, como parte de la recién promulgada reforma judicial. Morena está en un juego donde tiene todas las de ganar. Está ante su definitivo intento con la Guardia Nacional. Este jueves, una Cámara de Diputados dominada por una aplastante mayoría oficialista votará de nueva cuenta la enmienda.
La GN fue creada en los albores del Gobierno de López Obrador. Para el flamante presidente, la Guardia Nacional era una prioridad para reducir los índices de violencia, habida cuenta de que —según su argumentación— la extinta Policía Federal era ineficaz y sobre todo corrupta. El mandatario consideraba que una GN conformada por militares sería más disciplinada e incorruptible. La oposición, formada entonces por el PAN, PRI, PRD y MC, accedió a votar con el oficialismo para reformar la Constitución en 2019. Los partidos acordaron que la Guardia Nacional, siempre bajo el mando de la SSPC, estaría conformada por agentes civiles y, transitoriamente, por elementos del Ejército y la Marina, mismos que luego volverían a sus puestos originales en las Fuerzas Armadas. También se estableció que, de manera temporal, el Ejército ayudaría a la GN a sus labores de seguridad pública, y se fijó un periodo de cinco años para que los soldados volviesen a sus cuarteles, un reclamo vivaz de organizaciones civiles y familiares de las víctimas de la guerra contra el narco iniciada en el periodo de Felipe Calderón (y muy criticada por López Obrador en sus años en la oposición).
Todo eso quedó en el papel. En realidad, no hubo una transición de militares a policías civiles. Al contrario, las filas de la GN fueron engrosadas cada vez más con soldados y marinos. En vista de que se agotaba el tiempo, Morena y sus aliados modificaron en 2022 algunas leyes secundarias para consumar la conversión del cuerpo policiaco en un apéndice militar. La modificación estableció que la GN seguiría estando “adscrita” a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero que la Sedena se haría cargo de su “control operativo y administrativo”. Los críticos vieron en esta maniobra una fachada que intentaba ocultar la transferencia fáctica de la corporación policiaca al Ejército.
Morena optó por la vía rápida de cambiar leyes secundarias, y no la Carta Magna, porque no tenía la mayoría calificada en el Congreso requerida para hacer reformas constitucionales. El oficialismo perdió su poderío parlamentario en las elecciones intermedias de 2021, a la vez que la oposición se aglomeró en el cada vez más sólido Frente Amplio. La maniobra legislativa del oficialismo fue la sentencia de muerte de la reforma. La Suprema Corte echó atrás los cambios porque, a despecho de las nuevas leyes aprobadas por Morena, la Constitución seguía estableciendo tres cosas: que la seguridad pública debe estar a cargo de una institución de carácter civil; que la Guardia Nacional debe quedar bajo el control de la SSPC, y que el Ejército solo puede participar en labores de seguridad pública de manera excepcional —no permanente— y siempre de manera complementaria y subordinada a las instituciones —civiles— de seguridad pública.
El mensaje enviado por los ministros de la Corte era sencillo: una ley no está por encima de la Carta Magna, y, si un actor político no está de acuerdo con la letra constitucional, debe propiciar su modificación mediante el consenso de los partidos en el Congreso. El golpe asestado por el Supremo fue demoledor para López Obrador (y, de rebote, para el propio Poder Judicial, como se demostraría meses después). El presidente tenía un enorme interés en que los ministros ratificaran los cambios legales hechos por Morena sobre la Guardia Nacional. Él mismo reveló en una conferencia Mañanera que llamó a varios ministros de la Corte para pedirles su voto a favor. El cabildeo presidencial no surtió efecto. Una mayoría de jueces echó abajo las modificaciones legislativas del oficialismo.
Lo que vino después fue el simulacro de un derrumbe. Si para reformar la Constitución era necesario negociar con la oposición, y la oposición estaba cerrada en torno a sí misma, lo mejor sería recuperar la mayoría parlamentaria perdida en 2021 para evitar un nuevo desaire. Se acercaban las elecciones de junio de este año. La directriz de Palacio Nacional fue el llamado Plan C: ganar desde las urnas la mayoría calificada en las dos Cámaras del Congreso. A la postre, ese programa se cumplió a cabalidad.
Varios ministros de la Corte —como ya ha contado EL PAÍS— consideran que la sentencia relativa a la Guardia Nacional es el exacto origen del Plan C y de la reforma judicial que vino después, con la que todos los integrantes del Supremo serán echados el próximo año. López Obrador, a decir de los jueces, tomó la resolución como una afrenta imperdonable en lo personal, y también como una demostración de que el Poder Judicial no era sino un obstáculo a sus planes de Gobierno de mayor calado. La circunstancia ha cambiado. López Obrador y su partido, Morena, llegan a esta nueva batalla con ventaja en el marcador.