Sin embargo, para organizaciones no gubernamentales, como la Comisión Independiente, las autoridades poco les interesa la reinserción y es que las cárceles son una fuente de corrupción inagotable, porque al menos el 50 por ciento de los reclusos siguen a la espera de sentencia.
El último dato que se tiene sobre el estado que guardan estos centros son del 8 de junio del año pasado; -el de este año, será presentado en un mes. En esa supervisión carcelaria, los visitadores de la CDHEM llevan a cabo la revisión de las instalaciones de cada uno de los centros penitenciarios de forma sorpresiva, para que al final, mediante un diagnóstico, se informen las fallas y las necesidades de los internos y del lugar.
Los seis centros evaluados, obtuvieron de 7.06 hasta 7.88, el de menor calificación fue el Centro de Ejecución de Medidas Cautelares con apenas 7.06.
Sin embargo estas cifras son un avance enorme respeto a las evaluaciones realizadas desde 2012, 2013 y 2014, que había sido de 5.99. Una recomendación que se hizo en 2015, fue relativo al tema de salud, con una deficiencia en materia de recursos humanos, materiales y de instalaciones. Lo cual se evidenció por las múltiples solicitudes de las personas recluidas.
Otro pendiente fue la falta de personal de custodia, toda vez que se detectó -refiere el informe final- que por cada dormitorio únicamente hay un custodio para dos niveles con los que cuenta el dormitorio.
Un tema que no han superado las prisiones morelenses es la sobre población la cual, subraya el documento de la CDHEM, genera una situación de inestabilidad, lo cual ponen en riesgo la vida y la seguridad de las personas privadas de la libertad. Incluso recomienda la construcción de un nuevo centro de reclusión con las mismas características e iguales o mejor que las del CEFERESO Morelos, la cual deberá albergar la población que se encuentra en los centros de Cuau-tla, Jojutla y Jonacatepec.
Para Rogelio Sánchez Pérez secretario técnico de la CDHEM, el informe que fue elaborado por la administración pasada de la CDHEM, refleja una parte de la labor que hace el organismo dentro de sus alcances legales; aunque la autoridad penitenciaria está obligada a acatar las observaciones que al final se hacen. Sobre si es suficiente o no que esta evaluación u observación y visita se lleve a cabo sólo una vez al año, se nota en la cantidad de observaciones cumplidas.
LUGARES DE CORRUPCIÓN Y NEGOCIOS
Para organizaciones no gubernamentales como la Comisión Independiente de Derechos Humanos, estos lugares son propicios para la corrupción y el abuso de la mano de obra y tráfico de recursos.
No importa por ejemplo que más del 50 por ciento de las personas recluidas en las cárceles probablemente ni han recibido sentencia. Aunado a esto, el nivel de la sobrepoblación es algo con el cual las autoridades no han podido lidiar, "en diciembre, en lugar de buscar penas alternativas de prisión, saturan las cárceles. Eso significa negocios y vinculación entre los autogobiernos, que no son otra cosa que mecanismos de corrupción y de cobro de servicios, pero con la anuncia, complicidad o hasta la coparticipación de las autoridades".
A diferencia de la propuesta de la CDHEM, como alternativa para acabar con la sobrepoblación, es la construcción de otro centro penitenciario, Martínez Cruz, señala, "más bien las autoridades deberían buscar métodos alternativos de prisión los que se deben de priorizar, porque saturan esos lugares con personas que cometen algún delito menor y otros en los juicios orales salen libres sin que se les hubiera condenado".
Agregó que el asunto es que no existe una armonización adecuada con lo que es la armonización de inocencia con la eliminación de la prisión preventivas en lugar de que se corrija con los juicios orales se está incrementando".
EL PRÓXIMO CAMINO, LA PRIVATIZACIÓN
Un informe de organizaciones de derechos humanos, que participaron en el 157 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2016, señalan que el lado de el próximo paso que se quiere seguir en México es la privatización.
Pero estas experiencias en otros países han sido un fracaso. Por ejemplo, representaban una oportunidad para una entidad en la que cuatro de 12 centros presentan porcentajes de sobrepoblación que van de 49 a 120 por ciento; sin embargo, seis meses después de su apertura, solamente presentan un porcentaje de ocupación respectivamente de 23 y 14 por ciento. La causa: se construyeron centros de máxima seguridad en una entidad donde la mayoría de la población fue sentenciada por el delito de robo.
Los especialistas advierten que durante este proceso no se ha tomado en cuenta experiencias en otros países como Chile o EU, los cuales experimentaron el modelo de privatización con resultados poco satisfactorios.
Lo verdaderamente importante señalan en sus conclusiones, es que las autoridades penitenciarias respeten plenamente los derechos humanos de los internos y se informe adecuadamente a los familiares de los mismos las medidas pertinentes, acorde a lo establecido en la ley Nacional de Ejecución Penal y no se actúe de manera abusiva contra los internos privados de su libertad.