Organizaciones civiles y políticos de oposición alertaron ayer de una “militarización ilimitada” ante la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, que discutirá hoy jueves la Cámara de Diputados para que el Ejército controle la Guardia Nacional.
La organización Causa en Común denunció en un pronunciamiento que la iniciativa busca “normalizar constitucionalmente una esfera de acción ilimitada para las Fuerzas Armadas, sin importar que se trate de ámbitos civiles que no les corresponden, para las que no están preparadas y con responsabilidades que no podrán cumplir”.
La asociación, especializada en seguridad, acusó al gobierno de López Obrador de “destruir a la Policía Federal y de asfixiar a las policías locales para convertir la militarización en un hecho inevitable”.
La iniciativa del presidente busca que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administre la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad con más de 120,000 elementos que López Obrador creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil.
“De prosperar, será un paso sin retorno hacia la militarización”, advirtió en un posicionamiento el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh).
Esta agrupación argumentó que “el aumento del poder militar que generará esta reforma es innegable. Va más allá de la Guardia Nacional sin que se estén diseñando controles civiles externos y extraordinarios como dispone la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)”.
El Centro Prodh también consideró “muy alarmante” que la reforma modifica el artículo 129 de la Constitución, que ahora limita las funciones militares en tiempos de paz, norma que no se ha modificado desde 1857.
¿En qué consiste la reforma para militarizar a México?
Y modifica el artículo 21 para eliminar la “garantía orgánica” que obliga a que las instituciones de seguridad pública sean civiles.
Las facultades de las Fuerzas Armadas crecieron con López Obrador, quien asignó a los militares tareas de seguridad pública, construcción de obras de infraestructura, administración de aduanas y puertos, y la dirección de empresas del Estado, como el Tren Maya.
Legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) criticaron ahora la reforma al recordar que el presidente López Obrador y su partido, Morena, se oponían a la militarización en los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“Lo que queda claro es que el oficialismo finalmente se quitó la máscara, quieren insistir en una estrategia fallida de militarización”, declaró Ricardo Anaya, senador y excandidato presidencial (2018) del PAN.
