El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha emitido este jueves sendas órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa hasta hace dos semanas, Yoav Gallant. Los jueces tienen “motivos razonables” para creer que ambos tienen responsabilidad criminal por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad, cometidos en Gaza al menos desde el 8 de octubre de 2023, el día siguiente del ataque de Hamás contra Israel. Se trata del mayor gesto de reprobación de instancias internacionales a la ofensiva de Israel en la Franja, que ha superado este jueves los 44.000 muertos y que Gobierno y oposición israelíes han recibido con idéntica indignación. Las instrucciones de detención incluyen también a Mohamed Deif, el jefe del brazo armado de Hamás al que Israel da por muerto.
Estados Unidos, principal aliado de Israel, ha rechazado de forma tajante la decisión de los jueces de La Haya. “Seguimos profundamente preocupados por las prisas del fiscal por solicitar órdenes de detención y los preocupantes errores que llevaron a esta decisión”, ha asegurado un portavoz de la Casa Blanca. El rechazo más rotundo ha llegado de Hungría. Su ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, ha considerado la orden “vergonzosa y absurda”. El TPI carece de policía para llevar a cabo las detenciones y depende de la voluntad de sus Estados miembros para hacerlo. Estados Unidos, China y Rusia no forman parte del tribunal.
El hecho de que las detenciones dependan de la voluntad de los Estados miembros del tribunal ha marcado las reacciones internacionales. Como la del ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, y la del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell (de gira por la región), que han pedido que las órdenes sean respetadas y aplicadas. Borrell ha subrayado que no es una decisión política, sino judicial. El ministro neerlandés de Asuntos Exteriores, Casper Veldkamp, ha dicho que Netanyahu será detenido si aterriza en Países Bajos.
El TPI investiga el comportamiento de ambas partes en este conflicto y solo juzga a los máximos responsables de los mayores delitos en el ámbito de la justicia internacional. La decisión de los jueces ha sido unánime, a pesar de que el caso ha estado sometido a fuertes presiones políticas.
Los jueces han atendido la petición formulada en mayo pasado por el fiscal, Karim Khan, que consideró que las pruebas reunidas por su equipo demostraban que Israel “ha privado de forma intencionada y sistemática a la población civil de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia”. La Fiscalía aseguró tener “motivos razonables para creer” que Netanyahu y Gallant son “penalmente responsables” de crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en Gaza. El fiscal apunta como crimen de guerra “matar de hambre a civiles”, un cargo poco mencionado en la historia del tribunal, abierto en 2002. De nuevo, la fecha de comisión de este delito empieza a contar a partir del 8 de octubre del año pasado.
En un comunicado emitido la tarde del jueves, el fiscal Khan ha defendido la medida que él impulsó: “Hoy debemos centrarnos en las víctimas de crímenes internacionales en Israel y en el Estado de Palestina”. Khan ha argumentado que “la ley es para todos y su papel consiste en defender los derechos de todas las personas” y ha defendido que las investigaciones que han derivado en las órdenes de arresto “han sido independientes”. El fiscal ha concluido su texto pidiendo a los Estados que forman parte del TPI que colaboren para poder lograr las detenciones.
La petición original incluía a tres líderes de Hamás. Este jueves solo figuraba Deif porque la Fiscalía considera que los informes sobre su supuesta muerte no son concluyentes. Hamás ni lo confirma ni lo desmiente y no es posible comprobarlo de forma independiente, a diferencia de los otros dos: Ismael Haniya ―el líder político hasta su asesinato en Teherán el pasado julio― y Yahia Sinwar, su sucesor y cerebro del ataque del 7 de octubre de 2023. Murió en combate en Gaza el mes pasado. Los jueces de La Haya encuentran “motivos razonables” para creer que Deif es responsable de los crímenes de asesinato, exterminio, tortura, toma de rehenes, violación y otras formas de violencia sexual.
Israel no es un Estado miembro del TPI, niega su jurisdicción y asegura que no ha cometido crímenes de guerra en Gaza y que se limita a combatir a Hamás tratando de evitar las víctimas civiles, aunque mujeres y menores suponen la mayoría de muertos en los bombardeos. Palestina sí es miembro del tribunal desde 2015 y los jueces pueden fallar sobre los supuestos delitos cometidos por tropas o ciudadanos israelíes en territorio palestino. Lo mismo sucede a la inversa, y de ahí las órdenes de arresto contra los máximos dirigentes de Hamás.
Para Reed Brody, un destacado abogado especializado en derecho internacional, se trata de una decisión histórica. “Ni el Tribunal Penal Internacional ni tampoco otras cortes internacionales habían acusado a una autoridad prooccidental [en referencia a los dirigentes israelíes] desde la II Guerra Mundial”, argumenta.
Indignación en Israel
La decisión ha indignado en Israel. “Antisemita”, “desgracia moral” o “momento oscuro” son algunas de las expresiones que han empleado los políticos (tanto del Gobierno como de la oposición) en sus reacciones. Pese a que el tribunal ha pedido el arresto de su líder militar, Hamás la ha recibido de forma positiva y ha pedido su ampliación a más dirigentes israelíes.
Netanyahu ha sido particularmente beligerante. Ha comparado la decisión del TPI con la condena a finales del siglo XIX al militar francés Alfred Dreyfus, influida por el antisemitismo y que originó el famoso Yo acuso de Émile Zola. “Acabará ―ha agregado― de la misma manera”, en referencia a su posterior anulación. La considera obra de un “fiscal jefe corrupto” y de unos “jueces parciales motivados por un odio antisemita hacia Israel”. E insiste en que no cederá ante las presiones y continuará la guerra en Gaza, porque “no hay ninguna más justa”.
Israel Katz, el sucesor de Gallant (Netanyahu lo destituyó por diferencias el pasado día 5) al frente de Defensa, se ha pronunciado en un tono similar. La ha tildado de “desgracia moral completamente contaminada por el antisemitismo” que “sirve a Irán, la cabeza de la serpiente, y a sus agentes”. “No permitiremos que un organismo hostil, hipócrita e ilegítimo dañe a nuestros líderes o a nuestros soldados. Seguiremos defendiendo a los ciudadanos de Israel con determinación y orgullo, manteniéndonos firmes contra cualquiera que intente socavar nuestro derecho a la legítima defensa”, ha agregado en un comunicado.
También el presidente, Isaac Herzog, proveniente del laborismo, ha acusado al tribunal de “ponerse del lado del terrorismo y del mal sobre la democracia y la justicia y convertir el sistema de justicia internacional en un escudo humano de los crímenes contra la humanidad de Hamás”. Para el líder de la oposición, Yair Lapid, es una “recompensa para el terrorismo”.