En octubre del año pasado, Juan se encontraba en su negocio de venta de hierbas medicinales, ubicado en un mercado de la zona metropolitana de Toluca, cuando unos hombres se presentaron a cobrar la cuota. Le pedían 100 mil pesos por “derecho de piso”.

Juan había logrado evadir el pago por varios meses, pero las amenazas iban subiendo de tono: “Ya tienes que entrarle con la cuota, si no te va a cargar. Nos mandó la jefa”.

Él quería negociar, ganar tiempo, pero fue imposible. Los hombres no llegaron a negociar. Juan terminó en el hospital tras ser golpeado; lo picaron y le pegaron con tubos.

La historia de este comerciante quedó registrada en sentencias del Poder Judicial de la Federación, y es una de las 54 mil 424 denuncias que se convirtieron en carpeta de investigación por el delito de extorsión durante el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

A diferencia de delitos como el homicidio doloso, feminicidio, lesiones por arma de fuego o secuestro, la extorsión mantiene una tendencia al alza sostenida, como reconoció el 26 de octubre pasado Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, durante la presentación de las estadísticas de la incidencia delictiva con los que arrancó la nueva administración federal.

Los datos muestran que en los casi seis años del gobierno anterior la extorsión creció 18.2%.

Pero los datos conocidos son apenas una pequeña muestra del tamaño del delito. De acuerdo con estimaciones de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cifra negra en el caso de extorsión fue de 97.4% promedio entre 2018 y 2023 (el último año reportado por el Inegi). Hay estados, incluso, que pudieran llegar a 100%, como Sonora, Guerrero y Nayarit.

De acuerdo con datos más recientes de la Envipe, en 2023 se contabilizaron 4.9 millones de casos de extorsión en todo el país.

Además, según registros periodísticos, hoy en día el cobro de piso y la extorsión son cada vez más amplios, pues ahora alcanza a la venta de pollo en el Estado de México y Guerrero, la producción de limón y aguacate en Michoacán, la venta de tortillas en Chiapas, entre muchos otros casos.

Los nombres de todas las personas extorsionadas mencionadas en este reportaje fueron modificados para proteger su identidad.

Los datos de la estadística del SESNSP ubican a la capital del Estado de México, Toluca, como el municipio con el mayor número de carpetas de investigación por el delito de extorsión en el sexenio pasado, 2 mil 207, una por día.

Entre los primeros 20 municipios hay, en total, siete del Estado de México. Es la entidad federativa con más demarcaciones incluidas en los índices más altos. De mayor a menor incidencia, el listado lo conforman Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Monterrey, Chimalhuacán, Guadalajara, Xalapa, Cuautitlán Izcalli, Tecámac, Chalco, Zapopan, Celaya, Iztapalapa, Benito Juárez (Cancún), Acapulco, Veracruz, Fresnillo, Zacatecas y Pachuca. En conjunto, la veintena de localidades concentra 30% —en números cerrados— del total de carpetas de investigación registradas por el SESNSP en el sexenio anterior.

A nivel entidad federativa, el Estado de México encabeza el listado, con 19 mil 512 carpetas de investigación en el periodo citado. Le siguen Veracruz, con 4 mil 684 carpetas iniciadas; Jalisco, con 3 mil 695; Nuevo León, con 3 mil 658; Ciudad de México, con 2 mil 939, y Guanajuato con 2 mil 381. Estas seis entidades concentran 68% del total, con 36 mil 869.

Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), sostiene en entrevista que el Estado de México “lleva años siendo primer lugar o de estar siempre dentro de los primeros lugares, pues es un estado en donde conviven la delincuencia común con la delincuencia organizada, con delitos más complicados relacionados, incluso, con corrupción de autoridades, con situaciones de [mala] gobernanza, donde conviven los pequeños problemas de corrupción y [muchas] corruptelas”.

Pero, puntualiza, hay un tipo de extorsión que es “mucho más peligroso para la gobernanza del país”, va más allá del pago de piso y tiene que ver con el control de los mercados y la producción. Explica que no sólo se trata de imponer aranceles a la producción, como se ha evidenciado en Michoacán, también está relacionado con imponer la venta de marcas o productos.

“A veces son intereses económicos de los propios delincuentes que tienen, incluso, marcas legales registradas o porque están asociados con alguna empresa que les paga a ellos para obligar a los comerciantes a que sólo vendan ciertas marcas y productos”, plantea el especialista.

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Era cerca de la una de la tarde del 17 febrero de 2003 cuando Antonio vio llegar a su ferretería a un par de personas a bordo de una motocicleta. Llegaron armados y le entregaron, sin más, un teléfono que timbraba.

Al contestar, Antonio escuchó la voz de un hombre que le dijo que era del Cártel Jalisco Nueva Generación, y que debía pagar una cuota única por 600 mil pesos para que pudiera seguir trabajando.

“O nos das la cuota o te metemos un balazo en el fundillo; con el cártel no se juega”, recuerda el ferretero de Cortázar, Guanajuato.

Lo amenazaron a él y a su familia con lastimarlos e incluso con quitarles la vida si no cumplían con el pago de la cuota impuesta. Antonio aceptó pagarles 100 mil pesos por la extorsión.

De acuerdo con cifras del SESNSP, en 2020 Guanajuato se colocó entre los 10 primeros estados con el mayor número de carpetas de investigación por el delito de extorsión, y desde entonces mantiene una tendencia al alza. En 2024 ocupa el segundo lugar, sólo por debajo del Estado de México.

Armando Vargas, coordinador del programa de seguridad de la organización civil México Evalúa, explica en entrevista que Guanajuato y Michoacán son las entidades con los crecimientos más altos en el reporte de ese delito en los últimos años, más de 7,000% entre 2018 y 2024.

Un mensaje sobre una compra en línea que Ángeles no había realizado fue el inicio de una agonía que se saldó con varias decenas de miles de pesos, producto de una extorsión telefónica que se extendió por días.

El mensaje que recibió decía que estaba en proceso una compra en una tienda en línea, y que si no reconocía la transacción podía llamar a un número de teléfono que se incluía en el mensaje.

Ángeles, sobresaltada por la posibilidad de que hubieran logrado obtener su número de cuenta o clonado su tarjeta, marcó. Había quedado enganchada. Lo primero que pasó es que su cuenta en la banca en línea se bloqueó. Alarmada por la situación fue a su sucursal bancaria para pedir ayuda.

Ahí le dijeron que lo tenía que resolver vía telefónica y la despacharon a su casa. Ángeles hizo entonces lo que le dijeron originalmente: siguió la comunicación con el número al que había llamado inicialmente y la extorsión avanzó.

Del otro lado de la línea comenzaron con trabajo de ingeniería social y fueron obteniendo, primero información personal, y luego pequeñas cantidades de dinero hasta completar casi 100 mil pesos.

Cuando Ángeles se dio cuenta de que había sido objeto de un delito decidió no denunciar a la policía lo sucedido, creyó que no lograría nada más allá de ser revictimizada, como cuando intentó buscar ayuda en la delegación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Servicios Financieros en Puebla para presionar al banco y encontrar una solución. No va a proceder, la culpa fue de usted, le dijeron.

“La extorsión tiene un índice de impunidad de 98.36% a nivel nacional, prácticamente tiene 100% de impunidad”, explica Armando Vargas.

Se entabló comunicación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero la respuesta fue que de momento no cuentan con agenda de entrevistas.